Historia versus Memoria
Fernando Barros Tocornal Abogado, consejero de Sofofa
- T+
- T-
Fernando Barros Tocornal
Al cumplirse 50 años de la intervención de las Fuerzas Armadas y de orden que depuso el gobierno de la Unidad Popular que presidía Salvador Allende, el país vive la contradicción entre lo que se pretende sea la versión oficial que impulsan en base a su memoria los que idealizan los 1.000 días de la UP -ya sea desde la trinchera política o la frustración de la derrota en Chile de su experimento y, a nivel mundial, del fracaso de la ideología que la sustentaba-, versus la perspectiva histórica que surge al considerar los hechos que antecedieron al rompimiento de la convivencia democrática en Chile y que llevaron a las FF.AA. a responder al llamado que se les hizo para evitar una inminente guerra civil que pudo ser más sangrienta que la que sufrió nuestra patria en la Revolución de 1891.
Recién recordábamos la declaración de la Cámara de Diputados de agosto de 1973, en las que reprocha a Allende el propósito de someter a las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo “la instauración de un sistema totalitario”, agregando que había incurrido “en constantes atropellos a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, haber minado la “autoridad de la magistratura”, y “burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional”.
“Para lograr la necesaria reconciliación nacional debe haber un genuino ‘Nunca Más’ de parte de todos los involucrados en el doloroso conflicto que vivimos, y que aceptemos que no se trata de buenos y malos”.
Nuestra sociedad estaba quebrada, sin diálogo político, los ánimos enardecidos, la economía destruida, las industrias paralizadas, los cordones industriales armados, el Gobierno imponiendo su plan a punta de “resquicios legales”, promoviendo las tomas por comandos políticos de empresas y campos para luego ser intervenidos o expropiados, y otras acciones encaminadas a la imposición de la dictadura socialista.
Dicha situación estaba precedida por la radicalización de la izquierda chilena y su desprecio de la democracia representativa, embriagada por la revolución cubana y la dictadura de Castro, la guerrilla del Che Guevara, la tiranía Soviética, el Muro de Berlín, el genocidio camboyano con más de dos millones de víctimas. Así, no sorprendió que en 1967 el socialismo marxista concluyera en su Congreso de Chillán que la violencia revolucionaria era legítima e inevitable, y que las formas pacíficas o legales de lucha eran instrumentos limitados, por lo que planteaba “la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación”. En la misma línea radical surgen el MIR, VOP y otros grupos que desafían con violencia la democracia chilena.
Es indudable que una amplia mayoría de los chilenos llamó a las FF.AA. a poner fin al gobierno de la UP y que ello ocurría en un contexto de conflicto mundial, de Guerra Fría y fuerzas locales que propiciaban con violencia la dictadura del proletariado.
Al 11/09 le siguió un gobierno con muchas luces y positivas transformaciones. Y también sombras, que no pueden analizarse sin considerar la opción de la izquierda por la violencia y la agresión revolucionaria que sufrió Chile antes y después del 73.
Para lograr la necesaria reconciliación nacional debe haber un genuino “Nunca Más” de parte de todos los involucrados en el doloroso conflicto que vivimos, que aceptemos que no se trata de buenos y malos y, que deje de perseguirse a unos mientras se rinden honores de Estado y se presenta como modelo de virtud democrática a quien proclamó la vía violenta y el odio de clases, y se vanaglorió públicamente de ser responsable directo del asesinato de cinco jóvenes servidores públicos.